CONSULTORÍA
En el contexto actual, los riesgos ya no se limitan a lo que sucede dentro de su organización. Hoy, cualquier tercero con el que mantenga una relación —proveedores, clientes, socios comerciales, contratistas— puede ser la puerta de entrada a un problema legal, regulatorio o reputacional de gran magnitud. Por eso, implementar un Programa de Gestión de Riesgo de Terceros (Third-Party Risk) ya no es una buena práctica: es una obligación estratégica para proteger su operación, patrimonio y reputación.
Recientes casos han demostrado que actores ilícitos aprovechan vínculos indirectos para acceder a los sistemas financieros y al comercio internacional. La Ley Patriota de Estados Unidos permite sancionar a empresas extranjeras —aunque operen fuera de su territorio— si se detecta que han facilitado, de forma directa o indirecta, operaciones de lavado de dinero o financiamiento al crimen organizado.
Esto significa que, aunque su empresa no tenga operaciones ilegales, si uno de sus terceros está vinculado a actividades ilícitas, usted puede ser alcanzado por las sanciones: congelamiento de activos, bloqueo de operaciones y daño irreversible a su reputación.
La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) amplía las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables. Ahora, los umbrales son más estrictos y la supervisión se refuerza, incorporando de forma más directa el financiamiento al terrorismo y la alineación con los estándares internacionales del GAFI.
Esto implica que las empresas deben conocer no solo sus propios riesgos, sino también los de sus socios y proveedores, porque un incumplimiento de un tercero puede derivar en sanciones administrativas, económicas e incluso penales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) obliga a las instituciones financieras y a otros sujetos regulados a verificar que ninguno de sus clientes o contrapartes esté incluido en la Lista de Personas Bloqueadas. La detección de un tercero en esta lista implica suspender de inmediato la relación y reportarlo a la autoridad.
No contar con mecanismos para monitorear a sus terceros es operar con los ojos vendados frente a uno de los riesgos más críticos y vigilados por las autoridades.
Un programa bien diseñado le permitirá:
1. Identificar a sus terceros críticos: Mapeo de proveedores, clientes, socios y contratistas con mayor exposición.
2. Realizar due diligence inicial: Verificación en listas de sanciones (OFAC, UIF, ONU, GAFI) y antecedentes legales.
3. Evaluar el riesgo: Asignación de niveles de riesgo (alto, medio, bajo) con base en jurisdicción, actividad y reputación.
4. Fortalecer contratos: Incorporar cláusulas de cumplimiento, auditoría y terminación por riesgo reputacional.
5. Monitorear de forma continua: Implementación de alertas y revisiones periódicas en listas y bases de datos oficiales.
6. Capacitar a su equipo y a sus terceros: Formación en riesgos legales, regulaciones y señales de alerta.
7. Auditar periódicamente: Revisión documental y de campo del cumplimiento de terceros clave.
8. Definir un plan de acción ante incidentes: Protocolos claros para suspender relaciones y reportar a la autoridad.
9. Establecer un comité de riesgo de terceros: Órgano responsable de supervisar y reportar a la alta dirección.
10. Actualizar el programa de forma constante: Incorporar cambios regulatorios y lecciones aprendidas de eventos reales.
Nuestro equipo cuenta con la experiencia y las herramientas necesarias para diseñar, implementar y operar su Programa de Third-Party Risk, alineado con la reforma a la LFPIORPI, las disposiciones de la UIF y las mejores prácticas internacionales.
Podemos acompañarle en cada paso: desde la identificación de terceros críticos hasta la creación de protocolos de respuesta, garantizando que su empresa esté protegida ante los riesgos legales, financieros y reputacionales que hoy amenazan a cualquier organización.
El cumplimiento normativo ya no es un lujo, es un escudo. Y en un entorno donde los riesgos se cuelan por las grietas más pequeñas, su programa de Third-Party Risk es la muralla que evita que un tercero ponga en riesgo todo lo que ha construido.
Lic. Alejandro Lozano Curiel
Associate Partner
Regulatory Risk and Compliance
Crowe México