El entorno regulatorio mexicano atraviesa una transformación profunda impulsada por la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Las autoridades han endurecido los criterios de supervisión, ampliado las obligaciones de identificación y reforzado los estándares de verificación y reporte.
Este nuevo marco exige a las organizaciones migrar de un modelo reactivo y documental a uno analítico, dinámico y sustentado en evidencia, donde la Metodología con Enfoque Basado en Riesgo (EBR) se convierte en el eje rector de todos los procesos de cumplimiento.
El mensaje de la autoridad es claro: las políticas genéricas ya no bastan. La gestión de riesgos debe ser precisa, demostrable y coherente con la exposición real del negocio. En este contexto, adoptar una metodología robusta no es una ventaja competitiva: es una obligación ineludible.
1. Identificación y acreditación del Cliente y del Beneficiario Controlador
Las entidades deben fortalecer la verificación de sus clientes, profundizando en la estructura corporativa, niveles de control y relaciones relevantes. Las presunciones quedaron atrás; la autoridad exige evidencia documental verificable que sustente cada conclusión.
2. Robustecimiento del expediente y su actualización periódica
Los expedientes deberán contener información completa, vigente y coherente con el nivel de riesgo asignado. La omisión de documentos, por mínima que sea, constituye una deficiencia que puede derivar en sanciones relevantes.
3. Supervisión transaccional con criterios técnicos claros
El monitoreo no puede ser intuitivo. Debe basarse en parámetros predefinidos, alertas configuradas y una lógica operativa que explique por qué una operación se consideró normal, inusual o vulnerable. La trazabilidad es obligatoria.
4. Reportes sustentados en metodología y evidencia
Los reportes deben reflejar una conexión directa entre la normativa, la evaluación de riesgos y la evidencia interna. La autoridad revisa no sólo el contenido del aviso, sino la coherencia metodológica detrás del mismo.
La reforma a la LFPIORPI consolidó al EBR como la piedra angular del cumplimiento. Este enfoque permite asignar recursos donde son realmente necesarios, justificar la intensidad de los controles y, sobre todo, demostrar objetividad en la toma de decisiones.
El EBR también aporta:
En un ecosistema donde el delito financiero se sofistica día con día, la metodología deja de ser un documento y se convierte en un mecanismo de defensa institucional.
1. Identificación de factores de riesgo específicos del negocio
Debe incluir clientes, productos, zonas geográficas, canales de entrega y estructura operativa. El análisis debe ser particular, no genérico.
2. Definición de indicadores y asignación de ponderaciones
El riesgo debe medirse mediante criterios numéricos y objetivos. Las ponderaciones deben alinearse a estándares del sector y justificarse documentalmente.
3. Construcción de matrices diferenciales de riesgo
Estas matrices integran los factores e indicadores para clasificar riesgos en bajo, medio o alto. Funcionan como el núcleo cuantitativo de la metodología.
4. Integración del nivel de riesgo en los procesos internos
La clasificación obtenida debe traducirse en acciones concretas:
Una metodología sin implementación operativa carece de valor.
5. Documentación de la gobernanza, revisiones y trazabilidad
Se debe establecer quién calcula, quién valida, cada cuánto se revisa y cómo se ajusta el modelo. Todo cambio debe tener soporte documental y una justificación basada en riesgo.
La evolución regulatoria en materia de prevención de lavado de dinero obliga a las organizaciones a replantear sus mecanismos de control. Las nuevas disposiciones demandan precisión, evidencia y una visión estratégica del riesgo.
La adopción de una Metodología con Enfoque Basado en Riesgo bien diseñada no sólo reduce la exposición a sanciones: fortalece la confianza institucional, mejora la toma de decisiones y consolida una cultura corporativa orientada a la integridad.
Las empresas que implementen una metodología sólida estarán preparadas para responder a la autoridad, enfrentar auditorías complejas y operar con mayor resiliencia frente a los riesgos emergentes del sistema financiero.