En los últimos años, el Gobierno Federal ha implementado diversas medidas orientadas a combatir el mercado ilícito de combustibles, comúnmente asociado al fenómeno del huachicol. Dentro de este contexto, una de las herramientas más relevantes en materia de fiscalización es la incorporación del “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” al CFDI.

Aunque esta obligación ya se encontraba prevista desde hace tiempo en la Resolución Miscelánea Fiscal, su entrada en vigor se materializó el 24 de abril de 2026, consolidándose como un elemento clave en la estrategia de control y trazabilidad del sector energético. Su implementación forma parte de un esfuerzo coordinado entre el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía, con el objetivo de combatir el robo y el contrabando de combustibles.

Más allá de tratarse de un requisito adicional en la emisión de comprobantes fiscales, este complemento representa un cambio estructural en la forma en que la autoridad valida la legalidad de las operaciones en el sector.

De la obligación formal al control en tiempo real

El fundamento de esta obligación no es nuevo. El artículo 29-A, fracción V, inciso f) del Código Fiscal de la Federación establece que los comprobantes fiscales que emitan los contribuyentes que distribuyan o enajenen hidrocarburos o petrolíferos deben contener el número de permiso vigente otorgado por la autoridad competente. Asimismo, dichos comprobantes deben cumplir con las especificaciones técnicas que, para su emisión y validación, establezca el Servicio de Administración Tributaria.

“Lo que realmente cambia con este complemento no es la obligación en sí, sino la forma en que ésta se verifica…Si la información no es consistente con los registros de la Comisión Nacional de Energía, el CFDI simplemente no se emite…”.

Lo que realmente cambia con este complemento no es la obligación en sí, sino la forma en que ésta se verifica. Antes, el cumplimiento era básicamente declarativo: el contribuyente incluía la información en el comprobante y, en su caso, la autoridad la revisaba posteriormente. Hoy, el cumplimiento tiende a ser preventivo; si la información no es consistente con los registros de la Comisión Nacional de Energía, el CFDI simplemente no se emite.

En la práctica, este cambio convierte al CFDI en un mecanismo de control en tiempo real, ya que la validación deja de ocurrir en una revisión posterior y pasa a realizarse desde el momento mismo en que se intenta documentar la operación.

Bajo este esquema, los contribuyentes directamente impactados son aquellos obligados a llevar controles volumétricos que se dedican a la enajenación de gasolinas y diésel. Para este sector, el margen de maniobra en la facturación se reduce de forma importante, ya que deben utilizar de manera consistente las claves de producto previstas para estos combustibles, tales como la correspondiente al diésel (15101505), gasolina regular (15101514) y gasolina premium (15101515), según el tipo de operación que realicen.

La trazabilidad como eje central

Detrás de este complemento hay un objetivo claro: asegurar la trazabilidad total de los combustibles. No es casualidad que su implementación forme parte de una estrategia más amplia orientada a combatir el mercado ilícito, el contrabando técnico y diversas inconsistencias en la comercialización de hidrocarburos.

A través de este esquema, la autoridad logra vincular tres elementos que, en la práctica, resultan críticos:

• El contribuyente que realiza la operación;
• El permiso otorgado por la autoridad energética;
• El tipo de combustible comercializado.

Esta vinculación se realiza de forma automatizada, lo que permite que cada operación sea validada desde su origen, sin margen para ajustes posteriores.

El verdadero filtro: la lista L_CNE

Uno de los elementos más relevantes es la validación contra el Listado de la Comisión Nacional de Energía (L_CNE). Esta base de datos contiene la información de los permisos vigentes, el RFC del titular y las claves de producto autorizadas. Su función es clara: validar que la información registrada en el CFDI sea consistente con los registros oficiales.

En términos prácticos, esto implica que:

• El permiso debe existir y estar vigente;
• Debe corresponder al RFC del emisor;
• Debe amparar el producto que se está comercializando.

Si alguno de estos elementos no coincide, el proveedor de certificación no podrá validar el comprobante y, en consecuencia, el CFDI no será timbrado. Es decir, se trata de un bloqueo inmediato en la operación.

Aunque el diseño del complemento es técnicamente “fácil”, su implementación está evidenciando diversas problemáticas en la práctica. Uno de los puntos más relevantes tiene que ver con la actualización de la información, ya que existen casos en los que la situación real del contribuyente —como permisos recientemente regularizados o cambios en su estatus— no se ve reflejada de forma inmediata en los listados utilizados para la validación.

También se observan complicaciones derivadas de reestructuras corporativas, como fusiones, escisiones o cesiones de permisos. En estos supuestos, incluso cuando la operación sea válida desde el punto de vista legal, la falta de alineación con los registros del sistema puede impedir la emisión del CFDI.

No obstante, el problema más delicado radica en la falta de correspondencia entre las actividades realizadas y el alcance del permiso autorizado.

Es relativamente común encontrar casos en los que:

• Se comercializan productos distintos a los autorizados en el permiso;
• Se realizan ventas con permisos destinados a almacenamiento o distribución;
• Se opera bajo esquemas que no corresponden a la naturaleza del permiso

Aunque este punto puede parecer menor, es donde se concentra buena parte del riesgo. En estos escenarios, la implementación del complemento no solo genera un problema de facturación, sino que deja al descubierto una inconsistencia estructural en la operación del contribuyente.

Impacto en la deducibilidad para los receptores

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que, para efectos de deducibilidad, es necesario contar con comprobantes fiscales que cumplan con los requisitos aplicables. En el caso específico de combustibles, la propia disposición señala que deberá “constar la información del permiso vigente, expedido en los términos de la Ley de Hidrocarburos al proveedor del combustible y que, en su caso, dicho permiso no se encuentre suspendido, al momento de la expedición del comprobante fiscal.”

Bajo el esquema anterior, este requisito implicaba una carga operativa relevante para los contribuyentes, quienes debían verificar que el CFDI incluyera el número de permiso y, adicionalmente, validar su vigencia consultando la información publicada por la autoridad energética.

Con la implementación del complemento de hidrocarburos y petrolíferos, esta validación cambia de lógica. Ahora se traslada al proceso de certificación del comprobante, es decir, previo a su emisión, el proveedor autorizado de certificación verifica que el permiso exista, se encuentre vigente y corresponda al emisor del CFDI.

En este sentido, la obligación deja de ser meramente documental para el receptor y pasa a convertirse, en buena medida, en un control previo a la generación del comprobante, lo que fortalece la certeza jurídica sobre la procedencia de la deducción para el adquirente.

Conclusión

El principal riesgo asociado a este nuevo esquema no se encuentra en la complejidad técnica del complemento, sino en la falta de alineación entre la operación del contribuyente y su situación regulatoria.

En la práctica, el cumplimiento ya no puede limitarse a la correcta emisión de comprobantes, sino que requiere una revisión integral de la operación, los permisos y la forma en que estos se reflejan en los sistemas de facturación.

La implementación del complemento marca, más que un ajuste operativo, un punto de transición hacia un modelo en el que la autoridad no solo revisa el cumplimiento, sino que lo condiciona desde el momento en que la operación se lleva a cabo.

C.P.C. Janett Aguilar Haro

Asociada de impuestos