Juicios “on line”, el Covid acelera la digitalización de la justicia
El 2020 ha traído una pandemia que nos ha enfrentado a nuestros dragones. Ha sido un año de incertidumbres, miedos, decisiones y cambios, muchos cambios, también para la Justicia. Todos nos hemos visto obligados a cambiar nuestra forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos y el ámbito judicial no ha sido una excepción.
Si bien las primeras medidas adoptadas en Justicia no tuvieron éxito ni efectos positivos para nadie, la segunda ola del Covid nos trajo por el contrario una agilización y mejores soluciones para el ámbito judicial y los operadores jurídicos en general. Las medidas que se adoptaron en Justicia inicialmente cuando se decretó el estado de alarma en marzo del 2020, no tuvieron mucha acogida en el sector jurídico y tampoco fueron efectivas. Paralizar la justicia durante varios meses y después habilitar algunos días de agosto no causaron finalmente el efecto esperado.
Por el contrario, después del verano 2020 y tras múltiples quejas de los operadores jurídicos, parece evidente que los gobiernos y el legislador han entendido que este es el momento de impulsar el cambio digital en el sector proponiendo cambios y avances que son necesarios. La Justicia es un servicio esencial, igual que la sanidad. Si los médicos han podido visitar a sus pacientes de forma telemática, como así ha sido, ¿por qué la Justicia no iba a ser capaz de funcionar de forma telemática?
En mi experiencia como abogado procesalista en tiempos de pandemia he observado un tremendo cambio en nuestro sector en poco tiempo. En pocos meses hemos pasado de la suspensión de los juicios en marzo 2020 y de una posterior reticencia por parte de los órganos judiciales a celebrar vistas de forma telemática -denegándolas sin más-, a admitir la celebración de audiencias telemáticas de un día para otro. Y si ello es posible en determinados juzgados, debería serlo en todos. Es preciso dotar a la Justicia de los medios y recursos necesarios para que pueda funcionar también en tiempos de pandemia como cualquier otro servicio esencial.
De igual forma que los abogados hemos tenido que atender reuniones con nuestros clientes de forma telemática (reuniones que no hace mucho tiempo hubieran sido impensables celebrarlas sin forma presencial) y de igual forma que algunas Audiencias Provinciales han deliberado las votaciones y fallos de los recursos de apelación de forma telemática, debe ser posible la celebración de audiencias y juicios telemáticos.
Ahora bien, la justicia telemática debe ser una justicia con garantías procesales y urge una regulación en este sentido que acomode las normas procesales a la nueva realidad pandémica. El Consejo de Ministros ya ha aprobado el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia.
De igual forma que en el año 2000 tuvimos que aprender a pasar de un procedimiento judicial eminentemente escrito, con pliegos de preguntas arriba y abajo, a un procedimiento oral, con actuación en Sala y a usar la toga mucho más a diario, 20 años después el reto es pasar de esa actuación presencial en sala al juicio telemático. Y en ese sentido, es fundamental que el legislador dote de medios y ponga al servicio de los operadores jurídicos (jueces, letrados de la administración, oficiales, abogados y procuradores) no sólo todos los recursos digitales, sino también el sentido común y las garantías procesales.
Un ejemplo práctico vivido durante esta pandemia en el que se celebra una vista de medidas cautelares por vía telemática: El letrado residente fuera de partido judicial donde se celebra el juicio se conecta por webex, el letrado residente acude de forma presencial (con mascarilla, al igual que Su Señoría), los procuradores son excusados por Su Señoría para evitar demasiado foro en la Sala de vistas. Pero … los testigos que quiere proponer el letrado que se conecta telemáticamente no pueden comparecer ni por webex ni en sede judicial del partido de su residencia, sino que, en caso de que el juez considere necesaria su declaración testifical el acto tendrá que suspenderse y citarlos para otro día. No resulta muy práctico, pero también creo que estos obstáculos fruto más de la falta de práctica que de impedimentos materiales, se verán superados en breve. Si bien parece lógico que los testigos no puedan estar en el despacho profesional del abogado que los propone, para garantizar una declaración con todas las garantías procesales, tampoco parece buena solución que no puedan declarar en unidad de acto.
El reto es buscar fórmulas y soluciones para hacer posible que letrado, cliente y testigos puedan conectarse con la sede judicial en la que se celebra el juicio en unidad de acto. Algunos Magistrados han apuntado la idea de que abogado, cliente y testigos puedan celebrar desde el juzgado de la ciudad en la que se encuentran y la posibilidad de recurrir a los Juzgados de Paz, lo cual parece una buena solución.
Todo acontecimiento negativo tiene su lado positivo. No se trata de lo que te pasa, sino de lo que haces con lo que te pasa. El Covid es el empuje que la Administración de Justicia necesitaba para ponerse al día en digitalización con el resto de Europa.
