El Decreto 1389 de 2026 no crea una exención ni una donación empresarial. Crea una modalidad temporal para que parte del impuesto sobre la renta se materialice en proyectos públicos de reconstrucción. Su aporte principal es abrir el mecanismo a los territorios afectados por el sismo, ampliar las líneas de inversión y habilitar ventanas extraordinarias. Su límite inmediato es igualmente claro: el trámite solo podrá operar plenamente cuando Agencia de Renovación del Territorio ( creada mediante DL 2366 de 2015) y DNP adopten el Manual Operativo especial y el CONFIS distribuya el cupo fiscal.

La reconstrucción después del terremoto del 10 de agosto de 2026 exige recursos, pero también proyectos maduros, decisiones rápidas y controles capaces de evitar que la urgencia termine justificando improvisaciones. El Gobierno decidió utilizar una arquitectura conocida: Obras por Impuestos. El Decreto Legislativo 1389 adapta ese mecanismo a la emergencia declarada por el Decreto 1261 de 2026, modificado por el Decreto 1348 del mismo año.

La medida conserva las dos opciones existentes: la opción fiducia del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y la opción convenio del artículo 800-1 del Estatuto Tributario. La novedad no consiste en eliminar las reglas ordinarias, sino en exceptuar temporalmente cinco componentes: cobertura territorial, líneas de inversión, calendario, banco de proyectos y ventanas de vinculación. Todo lo demás continúa vigente en cuanto resulte compatible con el régimen especial.

La normativa que sustenta la modalidad especial

El artículo 215 de la Constitución permite al Presidente, con la firma de todos los ministros, expedir decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar una emergencia económica, social o ecológica e impedir la extensión de sus efectos. Esas normas quedan sometidas a control automático de la Corte Constitucional. En este caso, la conexidad se construye sobre los daños causados por el sismo en vivienda, salud, educación, acueductos, vías, puentes, energía, infraestructura productiva y servicios esenciales.

El régimen de base proviene del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y del artículo 800-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 2010 de 2019 y modificado posteriormente. El Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 y el Manual Operativo ordinario de ART y DNP desarrollan la formulación, viabilidad, vinculación, ejecución y cierre de los proyectos. El Decreto 1389 se superpone temporalmente a ese marco: aplica sus reglas especiales y remite al régimen ordinario para llenar los vacíos compatibles.

La diferencia jurídica importa. Obras por Impuestos es una forma reglada de pagar o extinguir obligaciones del impuesto sobre la renta mediante inversión directa en proyectos públicos. No autoriza al contribuyente a escoger libremente cualquier obra, compensar gastos privados ni ejecutar activos destinados principalmente a su propio uso. El proyecto debe superar la cadena institucional de formulación, viabilidad, registro, vinculación, ejecución, interventoría, entrega y certificación.

Los cinco conceptos que ordenan la discusión

Qué cambia frente al régimen ordinario

Nuevos requisitos de aplicación

Requisitos del territorio y de la afectación

El proyecto debe localizarse en un municipio comprendido en el artículo 1 del Decreto 1261 de 2026, modificado por el Decreto 1348, o en un municipio incorporado después mediante decreto legislativo por la misma calamidad. La actualización de los registros de afectación no amplía automáticamente el cupo CONFIS.

Además de la elegibilidad territorial, debe probarse la relación directa entre el sismo y el territorio, la infraestructura, el bien, el servicio o la población beneficiaria que será atendida. La ausencia inicial en un registro oficial no cierra la puerta, porque el decreto acepta otros medios verificables y los mecanismos complementarios que se establezcan. Esa flexibilidad no elimina la carga probatoria: exige un expediente técnico que conecte daño, necesidad y solución.

Requisitos del proyecto

• Naturaleza de inversión pública o destinación efectiva a bienes, infraestructura o servicios de interés público.
• Relación directa con la atención o reparación de las afectaciones causadas por el terremoto y sus réplicas.
• Correspondencia con las necesidades identificadas en los instrumentos oficiales de recuperación y reconstrucción.
• Ubicación dentro de una de las diez líneas de inversión señaladas por el artículo 4 del Decreto 1389.
• Viabilidad de la entidad nacional competente y concepto definitivo de viabilidad del DNP.
• Presupuesto que incluya un rubro de contingencias calculado según complejidad, madurez, riesgos y condiciones territoriales.
• Estudios y diseños técnicos, financieros, jurídicos, ambientales y prediales necesarios. Sus costos podrán reconocerse dentro del valor del proyecto si están soportados y son indispensables.
• Certificación de la entidad territorial de que no existe financiación pública aprobada, asignada o comprometida para el mismo proyecto.

  La prohibición de doble financiación es estricta. El proyecto no puede tener recursos, totales o parciales, de la Subcuenta SISMO 2026, del Sistema General de Regalías, del Presupuesto General de la Nación, de presupuestos territoriales o de otra fuente pública destinada a la recuperación. Si aparece financiación pública después de expedida la certificación, la entidad territorial debe informarlo inmediatamente a ART y DNP.

  Requisitos del contribuyente

  El Decreto 1389 no reemplaza los requisitos personales de las dos opciones. Al mantener vigentes las reglas ordinarias salvo las excepciones expresas, cada interesado debe acreditar la calidad, el umbral de ingresos, las autorizaciones corporativas y las limitaciones patrimoniales propias del artículo 238 de la Ley 1819 o del artículo 800-1 del Estatuto Tributario.

  Elemento	Opción fiducia	Opción convenio
  Sujetos	Personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta que cumplan las condiciones del artículo 238.	Personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, contribuyentes de renta, que cumplan el artículo 800-1.
  Umbral	Ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 UVT en el período aplicable según el artículo 238.	Ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 UVT en el año o período gravable inmediatamente anterior.
  Límite principal	Hasta 50 % del impuesto a cargo. En la modalidad especial, el anticipo se calcula inicialmente sobre el impuesto del año anterior y se concilia con el impuesto del año en curso.	Los compromisos de inversión no pueden superar 30 % del patrimonio contable del año inmediatamente anterior a la suscripción.
  Estructura	Constitución de patrimonio autónomo para administrar el proyecto y los recursos correspondientes.	Convenio con la entidad nacional competente y obtención de Títulos para la Renovación del Territorio conforme a la ejecución certificada.

  En la opción convenio continúan siendo relevantes la aprobación de la junta directiva u órgano equivalente, la declaración de renta anterior, la certificación del contador o revisor fiscal sobre el límite patrimonial y, para contribuyentes en período improductivo, las garantías que exige la ley. El Manual Especial deberá indicar cuáles documentos y formatos ordinarios se reutilizan y cuáles se ajustan para la reconstrucción.

  El procedimiento para adelantar una obra

  La regla especial de los aportes anticipados

  El instrumento con mayor efecto inmediato es el anticipo en la opción fiducia. Durante la vigencia de la modalidad, el contribuyente puede aportar recursos con cargo al impuesto sobre la renta del año gravable en curso. El aporte no puede superar 50 % del impuesto a cargo determinado en la declaración del año inmediatamente anterior.

  Cuando se presente la declaración del año en curso, el valor imputable tampoco puede superar 50 % del impuesto a cargo efectivamente determinado en esa declaración. Si el aporte anticipado excede ese límite, la diferencia podrá imputarse al período siguiente, nuevamente sin superar 50 % del impuesto de ese período.

  La planeación tributaria debe ser prudente. El impuesto del año anterior funciona como techo inicial, pero no garantiza que todo el aporte pueda imputarse en el año en curso. Una caída de utilidades, la aplicación de descuentos, la compensación de pérdidas o un cambio en la depuración de la renta puede reducir el impuesto a cargo. El contribuyente debe proyectar al menos tres escenarios y documentar el tratamiento contable y fiscal del eventual exceso. El decreto no desarrolla qué sucede si la diferencia tampoco cabe íntegramente en el período siguiente; ese punto requiere precisión en la reglamentación y aconseja evitar anticipos cercanos al máximo cuando exista volatilidad.

  La interventoría y la extinción no son formalidades

  El decreto preserva un control técnico separado del contribuyente. Cuando la entidad nacional competente determine que se requiere interventoría, el convenio debe obligar a constituir un patrimonio autónomo cuyo único objeto sea administrar esos recursos. La entidad nacional competente será beneficiaria del fideicomiso, podrá ordenar los pagos y supervisará el contrato. La disponibilidad se acredita con certificación de la fiduciaria.

  En la opción fiducia, la obligación tributaria se extingue solo cuando la entidad nacional competente certifica la entrega y el recibo a satisfacción, apoyada en la certificación o informe de interventoría. También puede operar por una unidad funcional susceptible de entrega. Esta posibilidad facilita proyectos por etapas, pero exige que cada unidad tenga autonomía técnica y utilidad pública verificable; no puede convertirse en una certificación parcial de actividades inconclusas.

  Lo que todavía debe definir el Manual Especial

  ART y DNP deben adoptar el Manual Operativo dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia del Decreto 1389. Ese instrumento será decisivo porque debe convertir el marco legal en un trámite ejecutable. Como mínimo, tendrá que regular:

• calendario propio del Banco Especial y fechas de las ventanas extraordinarias;
• formatos de postulación, vinculación, certificación de afectación y ausencia de financiación pública;
• mecanismos de acreditación cuando el daño no figure inicialmente en los registros oficiales;
• revisión concurrente, distribución de responsabilidades y cómputo coordinado del término de 15 días hábiles;
• metodología de priorización y forma de aplicar la reserva del 35 % para municipios de categorías quinta y sexta;
• porcentaje, límites, soportes y reglas de uso del rubro de contingencias;
• reconocimiento de costos de estructuración y criterios para evitar sobrecostos o gastos no directamente vinculados;
• selección de hogares y condiciones de entrega en proyectos de vivienda de interés social y prioritario;
• procedimiento de interventoría, contratación a través de fiducia, supervisión y pago;
• reglas de modificación de proyectos durante la preparación y la ejecución.

  El Manual no puede ampliar el ámbito territorial o material del decreto ni crear excepciones adicionales. Su función es procedimental. Si pretendiera modificar límites tributarios, relajar la prohibición de doble financiación o habilitar proyectos sin relación directa con el sismo, excedería la potestad reglamentaria asignada.

  Dos agendas que deben comenzar de inmediato

  Para las entidades territoriales

• Consolidar un inventario único de daños, cruzado con registros de la UNGRD y diagnósticos sectoriales.
• Seleccionar pocos proyectos de alto impacto y alta madurez, en lugar de dispersar capacidades en una lista extensa de iniciativas.
• Definir desde el inicio la entidad pública beneficiaria, el responsable de operación y los costos de mantenimiento.
• Asegurar la situación predial, los permisos, las licencias y los diseños antes de la radicación.
• Implementar un control de fuentes para evitar que un proyecto reciba simultáneamente recursos públicos y Obras por Impuestos.
• Preparar una ficha empresarial del proyecto: valor, plazo, impacto, riesgos, estado de viabilidad y capacidad institucional para acompañar la ejecución.

  Para los contribuyentes

• Verificar la elegibilidad legal para fiducia o convenio y obtener oportunamente las autorizaciones del órgano corporativo competente.
• Comparar la capacidad fiscal con la capacidad real de estructuración, contratación, seguimiento y manejo de riesgos.
• Proyectar el impuesto a cargo del año en curso antes de realizar aportes anticipados y conservar margen frente al límite del 50 %.
• Realizar debida diligencia sobre madurez técnica, predial, ambiental, social y presupuestal del proyecto.
• Definir reglas internas de gobierno, conflicto de interés, contratación, trazabilidad de pagos y conservación del expediente.
• No comprometer recursos ni presentar como aprobado un proyecto hasta conocer el Manual Especial, el calendario y la disponibilidad del cupo CONFIS.

1. Acreditar la necesidad. La entidad territorial o el formulador debe demostrar que la afectación proviene del sismo y que el proyecto atiende una necesidad oficial de recuperación. Conviene consolidar registros de gestión del riesgo, diagnósticos sectoriales, inventarios de daños, georreferenciación y soporte de beneficiarios.
2. Definir la línea y el alcance público. La solución debe encajar en una línea habilitada, excluir el beneficio predominantemente privado y precisar productos, metas, población, localización, operación y sostenibilidad.
3. Formular y estructurar. El proyecto se prepara con la metodología aplicable y se articula con la PIIP. Debe incorporar estudios, diseños, permisos, situación predial, presupuesto, cronograma, matriz de riesgos y rubro de contingencias. La urgencia no sustituye la madurez técnica.
4. Certificar la ausencia de otra financiación pública. La entidad territorial competente debe declarar que no hay recursos aprobados, asignados o comprometidos para el mismo proyecto y mantener actualizada esa información.
5. Radicar ante el Banco Especial. La postulación se realiza ante la ART según el calendario, los formatos y las condiciones que establezca el Manual Operativo de Obras por Impuestos para la Reconstrucción.
6. Obtener las viabilidades. La entidad nacional competente revisa la viabilidad sectorial y el DNP emite el concepto definitivo. El término especial es de 15 días hábiles desde la radicación completa; se suspende mientras el formulador atiende ajustes o aporta información adicional.
7. Registrar y priorizar. Los proyectos viables ingresan al Banco Especial. DNP, con apoyo de UNGRD y las entidades nacionales, aplicará la metodología del Manual: magnitud del daño, criticidad, población beneficiada, madurez, tiempo de ejecución, capacidad de implementación y contribución al restablecimiento de servicios y de la actividad económica.
8. Presentar la vinculación extraordinaria. Durante las ventanas que abra el Manual, el contribuyente selecciona uno o más proyectos y presenta la solicitud o manifestación de interés según la opción escogida. El vencimiento de la ventana ordinaria de fiducia no invalida la solicitud presentada en la ventana especial.
9. Asignar el cupo CONFIS. La ART solo podrá aprobar la vinculación si existe cupo disponible. La priorización también debe respetar la reserva mínima inicial de 35 % para municipios de categorías quinta y sexta.
10. Formalizar la opción. En fiducia se constituye el patrimonio autónomo y se aportan los recursos. En convenio se suscribe el instrumento con la entidad nacional competente, con las garantías, obligaciones y reglas de ejecución correspondientes.
11. Contratar, ejecutar y controlar. El proyecto se ejecuta con los estándares técnicos, presupuestales, ambientales y de sostenibilidad vigentes. Cuando se requiera interventoría, se constituye el patrimonio autónomo destinado a administrar sus recursos; la entidad nacional competente define las exigencias, participa en la selección bajo las reglas del decreto y supervisa el contrato.
12. Entregar y producir el efecto tributario. En fiducia, la entidad nacional competente certifica el recibo a satisfacción de la obra o de una unidad funcional con base en el informe de interventoría y remite la certificación a la DIAN. En convenio, se aplican las reglas de expedición y utilización de los TRT. La DIAN registra el efecto tributario, pero no sustituye el control técnico, contractual, físico o presupuestal de las entidades responsables.

El Decreto 1389 utiliza una herramienta institucional ya probada para responder a una calamidad distinta del conflicto armado. La extensión territorial es razonable: si el objetivo es reconstruir, la elegibilidad debe seguir el mapa del daño y no una clasificación histórica ajena al sismo. También es acertado conservar la Agencia de Renovación del Territorio, el DNP, las entidades sectoriales, la DIAN y el CONFIS, porque crear una administración paralela consumiría el tiempo que la emergencia no permite.

El éxito, sin embargo, no se medirá por el número de empresas interesadas ni por el valor anunciado de un banco. Se medirá por obras terminadas, servicios restablecidos y obligaciones tributarias correctamente extinguidas. Para lograrlo, el Manual debe ser breve, operativo y verificable; los municipios deben presentar proyectos maduros; y las empresas deben tratar la vinculación como una decisión de inversión pública sometida a riesgo técnico y fiscal, no como una campaña de reputación.

La prioridad inmediata es preparar proyectos y expedientes, no anticipar decisiones irreversibles. Hasta que ART y DNP publiquen el Manual Especial, faltan las fechas, los formatos, la metodología de priorización y varias reglas operativas. El decreto abrió la vía jurídica. La calidad de la reconstrucción dependerá de cómo se transite.

Fuentes normativas y técnicas

Decreto Legislativo 1389 del 9 de septiembre de 2026. Documento oficial suministrado para este análisis.

Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026. Declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, modificado por el Decreto 1348 de 2026.

Constitución Política de Colombia. Artículo 215.

Ley 1819 de 2016. Artículo 238, Obras por Impuestos, opción fiducia. Consulta oficial

Estatuto Tributario. Artículo 800-1, Obras por Impuestos, opción convenio. Consulta oficial

Decreto 1625 de 2016. Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, reglas del mecanismo de Obras por Impuestos.

Manual Operativo de Obras por Impuestos versión 6. Agencia de Renovación del Territorio y Departamento Nacional de Planeación, agosto de 2026. Consulta oficial