Cuando el riesgo ya no está en construir, sino en cumplir

Durante las últimas dos décadas Colombia ha construido uno de los programas de concesiones de infraestructura más ambiciosos de América Latina. Las concesiones 4G y, posteriormente, las 5G, permitieron cerrar brechas históricas de conectividad, atraer inversión privada y movilizar recursos que difícilmente habrían podido ser financiados exclusivamente con presupuesto público. Sin embargo, hoy el principal riesgo para el desarrollo de la infraestructura no parece estar en la ingeniería, ni en la capacidad técnica de los concesionarios, sino en la confianza.

Las controversias contractuales han aumentado de manera significativa; solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico, reclamaciones derivadas de modificaciones contractuales, dificultades con consultas previas, aprobación de licencias ambientales,  diferencias en la interpretación de riesgos, mayores costos financieros y discusiones relacionadas con la ejecución presupuestal han terminado trasladándose a tribunales de arbitramento, más allá del resultado jurídico de cada caso, existe un costo que termina asumiendo el país no solamente por los eventuales pagos derivados de laudos arbitrales, sino por el incremento en el costo del capital, la incertidumbre para los financiadores y la percepción de riesgo que afecta la estructuración de nuevos proyectos.

La infraestructura no depende únicamente de cemento, acero y capas asfálticas; depende, sobre todo, de credibilidad institucional.

El costo invisible de las controversias

Cuando se habla de infraestructura, normalmente se cuantifican kilómetros construidos, inversiones ejecutadas o peajes recaudados. Mucho menos visible resulta medir cuánto cuesta una controversia, cada proceso arbitral implica recursos destinados a defensa jurídica, honorarios de tribunales, estudios técnicos especializados, intereses financieros y, en algunos casos, pagos derivados de decisiones judiciales, pero existe un costo aún mayor: el tiempo.

Un proyecto detenido o una controversia prolongada puede afectar la movilidad, retrasar inversiones privadas, incrementar el costo financiero del proyecto y reducir la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. la experiencia internacional demuestra que los mercados valoran tanto la estabilidad contractual como la rentabilidad esperada.

Cuando aumenta la incertidumbre contractual, también aumenta el costo del financiamiento y ese mayor costo termina siendo asumido, directa o indirectamente, por el Estado, por los usuarios o por ambos.

Por lo anterior es muy importante una visión mucho más amplia y en este sentido resulta indispensable fortalecer el aseguramiento sobre aspectos como:

• cumplimiento de obligaciones contractuales;
• administración de riesgos;
• control de cronogramas;
• seguimiento de indicadores financieros;
• monitoreo de obligaciones derivadas de vigencias futuras;
• gestión documental de reclamaciones;
• evaluación de riesgos regulatorios;
• calidad de la información utilizada para la toma de decisiones.

En otras palabras, el aseguramiento debe evolucionar desde un enfoque retrospectivo hacia un mecanismo preventivo. Detectar tempranamente un riesgo puede evitar años de litigios, licitaciones desiertas o con pocos oferentes.

Una oportunidad para Colombia

Colombia ha demostrado que posee la capacidad técnica para estructurar proyectos de infraestructura de talla mundial, el siguiente paso consiste en fortalecer los mecanismos que garanticen su sostenibilidad, la competitividad del país no dependerá únicamente de construir nuevas carreteras, puertos o aeropuertos, dependerá de preservar la confianza de quienes financian, ejecutan, supervisan y utilizan esa infraestructura.

En ese propósito, el aseguramiento independiente deja de ser un requisito formal de cumplimiento para convertirse en un componente estratégico de la gobernanza y sostenibilidad. Sirven como un puente de confianza fundamental entre el Concesionario, el Estado y las Entidades Financieras, garantizando la correcta utilización de recursos, la transparencia en el recaudo de peajes y el monitoreo riguroso de las vigencias futuras, entre otros aspectos claves.  Porque al final, las grandes obras no solo se construyen con concreto: también se construyen con confianza.

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