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Durante el segundo semestre, la informalidad podría dejar de disminuir e incluso presentar un leve repunte, afectando primero a tenderos y micronegocios de localidades como Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, donde el gasto cotidiano sostiene la economía de miles de hogares.
Bogotá, julio de 2026. La capital del país llega a la segunda mitad de 2026 con un resultado positivo en materia laboral. En el trimestre enero-marzo, la informalidad laboral se ubicó en 34 %, lo que representa una reducción de 4,2 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025.
En la práctica, esta disminución significó que 166.227 personas dejaran de trabajar sin seguridad social, de acuerdo con el Observatorio de Empleo del Distrito, con base en cifras del DANE. La ciudad se ubicó 21,3 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional y, durante el trimestre marzo-mayo, el desempleo continuó descendiendo hasta llegar a 8,4 %, una de las tasas más bajas entre las principales ciudades del país.
Sin embargo, desde Crowe consideramos que este avance podría enfrentar riesgos durante el segundo semestre. Es probable que la informalidad deje de disminuir e incluso registre un leve aumento hacia el cierre de 2026, impulsada por un menor crecimiento económico y por el incremento de los costos asociados a la contratación.
Esta advertencia se presenta en un contexto en el que el Banco de la República redujo el crecimiento esperado del país a cerca de 2,4 % para 2026, anticipó una desaceleración a partir de julio y calculó que la inflación podría cerrar el año alrededor de 6,4 %.
Aunque una tasa de informalidad de 34 % puede parecer baja frente al promedio nacional, al aplicarla sobre los más de 4,28 millones de personas ocupadas en Bogotá, el resultado equivale a cerca de 1,45 millones de trabajadores informales.
Desde Corabastos hasta San Victorino, Bogotá concentra la mayor cantidad absoluta de personas en informalidad del país, distribuidas en 20 localidades con estructuras económicas y sociales diferentes.
Una ciudad aparentemente más formal puede esconder un mercado popular mucho más vulnerable, en el que cualquier reducción del consumo afecta al mismo tiempo a miles de pequeños negocios y a cientos de miles de hogares.
Nuestra principal preocupación no se limita a los vendedores o comerciantes. Lo más delicado sería el aumento de hogares cuyos ingresos dependan exclusivamente de actividades diarias, sin estabilidad laboral ni acceso a mecanismos de protección social.
Esta alerta coincide con el análisis de Anif, que recientemente señaló que durante el segundo semestre podrían incrementarse los riesgos de deterioro del mercado laboral, con posibles aumentos en la informalidad y el desempleo.
También existe una primera señal en las cifras de mayo. Durante ese mes, el empleo no asalariado creció más que el asalariado, con aumentos de 5 % y 3 %, respectivamente. Este comportamiento no se había observado durante los tres meses anteriores y estuvo impulsado especialmente por los trabajadores por cuenta propia.
La economía barrial sería uno de los primeros sectores en experimentar los efectos de una reducción del consumo.
En localidades como Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, el gasto diario es altamente sensible al ingreso disponible de las familias. Cuando los hogares enfrentan mayores costos en alimentos, transporte y servicios, reducen de manera inmediata las compras secundarias.
Este comportamiento genera una cadena de efectos: menores ingresos para los tenderos, disminución del empleo familiar en los micronegocios y aumento del trabajo por cuenta propia como mecanismo de supervivencia.
Una reducción pequeña del consumo puede traducirse rápidamente en cierre de establecimientos, pérdida de ingresos y deterioro de la economía comunitaria.
A esta situación se suma el costo de la formalización. Con el aumento del salario mínimo de 2026 y las nuevas obligaciones derivadas de la reforma laboral, para muchas microempresas de baja productividad será cada vez más costoso contratar formalmente a un nuevo trabajador.
Este impacto podría recaer principalmente sobre los jóvenes y las mujeres, quienes encuentran en la economía barrial una de sus principales oportunidades de acceso al mercado laboral.
El segundo semestre también estará marcado por la expansión de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, que ya supera los 34 millones de usuarios y las 103 millones de llaves registradas. Además, el sistema habilitará el uso de códigos QR para personas naturales.
Este avance puede facilitar las transacciones de pequeños comerciantes y trabajadores independientes. Sin embargo, aceptar pagos digitales no convierte automáticamente a un negocio en formal.
Existe el riesgo de que se consolide una economía popular dividida, ya que muchos comerciantes de mayor edad, trabajadores independientes y vendedores ambulantes todavía presentan dificultades para utilizar aplicaciones financieras o no cuentan con teléfonos inteligentes.
La digitalización puede ser una herramienta importante, pero debe avanzar de manera incluyente para evitar que una parte de la población quede por fuera de los nuevos sistemas de pago.
En materia de crédito, la tasa de usura se mantiene alrededor del 25 % anual. Esto hace que miles de comerciantes continúen dependiendo de sus ahorros, del crédito otorgado por proveedores o de préstamos informales.
En muchos casos, esta falta de acceso al sistema financiero los expone al denominado “gota a gota” y a sus elevados costos financieros.
Los centros ZASCA y los programas de Banca de las Oportunidades representan avances importantes. No obstante, todavía no han alcanzado grandes resultados para la economía barrial y enfrentan el desafío de ampliar su cobertura real.
La economía barrial debe entenderse como un activo estratégico para la ciudad y no únicamente como un segmento vulnerable.
Miles de tiendas, pequeños comercios, talleres y micronegocios sostienen el ingreso diario de los hogares y mantienen en funcionamiento una parte relevante de la actividad económica de Bogotá.
Por esta razón, se requiere una estrategia que combine acceso efectivo al crédito, capacitación empresarial, digitalización con inclusión tecnológica y procesos de formalización gradual.
La sostenibilidad de la economía popular dependerá menos de establecer nuevas exigencias y más de crear condiciones para que la formalidad sea económicamente viable y socialmente incluyente.
Bogotá ha logrado una reducción importante de la informalidad durante los primeros meses de 2026. El desafío para el segundo semestre será evitar que la desaceleración económica revierta este avance y aumente la vulnerabilidad de los hogares que aún dependen de los ingresos generados día a día.
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