HCPS - Declaraciones de Renta de Personas Naturales en Colombia

El aumento en el número de declaraciones de renta de personas naturales en Colombia durante los últimos tres años refleja, a primera vista, una ampliación de la base gravable y una mayor formalización del sistema tributario. Sin embargo, el análisis fino de los datos muestra un comportamiento fiscal cada vez más sofisticado, y en algunos casos, evasivo por parte de los contribuyentes de mayores ingresos.

Declarantes en aumento, pero no necesariamente más equidad

Entre 2022 y 2024, el número de declaraciones pasó de 4.8 a una estimación de 5.4 millones, un incremento de aproximadamente 12.5%. Este fenómeno está alineado con los esfuerzos institucionales de la DIAN y el nuevo modelo de fiscalización basado en riesgos, contemplado en los informes de gestión reciente. No obstante, esta ampliación no se ha traducido en un aumento proporcional del recaudo entre los segmentos de mayores ingresos.

La huida del 0.17% que pagaba el 12% del recaudo

El segmento de contribuyentes con ingresos mensuales superiores a los $100 millones —aproximadamente el 0.17% de los declarantes en 2022— aportaba el 12% del recaudo. Para 2024, la participación estimada cae al 0.08%, y su contribución al recaudo disminuye a apenas un 8%.

Este fenómeno evidencia un cambio de comportamiento reactivo tras la Ley 2277 de 2022, que introdujo medidas que aumentaron la carga efectiva para rentas altas, dividendos y ganancias ocasionales. Como lo advertí desde el análisis de constitucionalidad del artículo 10 de esta Ley, hay tensiones entre los principios de equidad y seguridad jurídica.

¿Fuga de capitales o fuga de confianza?

La salida de más de 6.000 contribuyentes de altos ingresos del país es un síntoma de una problemática más profunda: pérdida de confianza institucional y percepción de inestabilidad jurídica. Las medidas, si bien progresivas en el papel, no fueron acompañadas de una estrategia de estabilidad tributaria ni de blindaje frente a la elusión transnacional.

La OCDE ha advertido repetidamente que los gastos tributarios mal diseñados, sumados a reformas frecuentes sin un sistema de referencia sólido, generan distorsiones y erosionan la base.

¿Qué hacen los mega ricos? Reclasificación y deducciones creativas

Una estrategia notoria ha sido la reclasificación de rentas de capital hacia ganancias ocasionales, menos gravadas, lo cual reduce la tarifa efectiva. Además, ha crecido en un 4% el uso de deducciones por costos inflados, lo que indica una adaptación agresiva al nuevo marco tributario.

Este tipo de comportamiento plantea una pregunta fundamental sobre el diseño del sistema fiscal colombiano: ¿es suficientemente robusto para prevenir y corregir estas estrategias? ¿Y cómo se justifica el sacrificio fiscal frente a una recaudación tan vulnerable?

Comparación con el gobierno anterior: ¿más recaudo o más desconfianza?

Durante el gobierno de Iván Duque, la reforma de 2021 fue más conservadora: incrementó el impuesto de renta corporativa y aplicó una sobretasa temporal al sector financiero. Sin embargo, no provocó la misma magnitud de fuga fiscal ni movimientos de residencia.

La diferencia clave radica en la percepción de legitimidad y confianza, más allá del contenido técnico. El éxito de una reforma tributaria no se mide solo en recaudo, sino en su aceptación y cumplimiento efectivo.

Progresividad sí, pero con estabilidad, claridad y confianza

El comportamiento fiscal entre 2022 y 2024 en Colombia revela un sistema en transformación, pero también en tensión. Las reformas recientes han sido valientes en su objetivo redistributivo, pero necesitan ser acompañadas de mecanismos institucionales de confianza, fiscalización efectiva y, sobre todo, estabilidad normativa.

Desde mi perspectiva como analista y ciudadano, insisto: la justicia tributaria no puede alcanzarse únicamente con tarifas más altas, sino con instituciones más fuertes, reglas más claras y contribuyentes más comprometidos.

El fortalecimiento de la DIAN en los últimos años, desde una perspectiva estructural y tecnológica, ha estado acompañado de una transición clave: de ser una entidad predominantemente recaudadora que convertirse en una administración tributaria con capacidades amplias en fiscalización, investigación y litigio. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿tiene hoy Colombia una administración con la fuerza técnica, jurídica y estratégica suficiente para enfrentar los retos de una economía cada vez más compleja, global y evasiva?

Investigación tributaria integral: capacidades en evolución

En los documentos internos más recientes de la DIAN, como el Entregable No. 2 del Modelo de Fiscalización (2024) presentado por la Universidad de los Andes, se explicita una visión holística de fiscalización basada en:

• Gestión del riesgo de cumplimiento (modelo OCDE y CIAT),
• Conocimiento integral del contribuyente,
• Coordinación tributaria, aduanera, cambiaria e internacional,
• Uso de inteligencia fiscal, macrodatos y cooperación con autoridades extranjeras.

Esto indica una transformación institucional importante, apoyada en infraestructura tecnológica, alianzas internacionales (OCDE, CIAT, SII de Chile, AFIP de Argentina) y recursos humanos más calificados.

Sin embargo, la capacidad operativa sigue enfrentando desafíos:

• Alta rotación de personal técnico especializado,
• Limitaciones presupuestales y logísticas en regiones,
• Bajo nivel de coordinación entre áreas tributaria y aduanera a nivel subnacional,
• Riesgos de discrecionalidad y baja transparencia en algunos procesos.

Sede gubernativa vs. sede contenciosa: ¿cómo se consolida la justicia tributaria?

El artículo 29 y el 229 de la Constitución Nacional reconocen el debido proceso y el acceso a la administración de justicia como derechos fundamentales. En tributación, esto se materializa en dos momentos claves:

1. La vía gubernativa:

La DIAN, como entidad administrativa, tiene la obligación de resolver de fondo las controversias tributarias en sede interna, garantizando los principios de:

• Debido proceso (notificación, contradicción, defensa),
• Legalidad (aplicación razonada del Estatuto Tributario),
• Imparcialidad técnica (interpretación armónica con doctrina y jurisprudencia),
• Eficiencia procedimental.

No obstante, los informes doctrinales internos de la DIAN y las estadísticas de litigios muestran que, en múltiples casos, los criterios adoptados en sede gubernativa terminan siendo desvirtuados por el Consejo de Estado o los Tribunales Administrativos, lo que demuestra una asimetría interpretativa entre la administración y la jurisdicción contenciosa.

2. La sede contenciosa administrativa:

El CPACA garantiza un marco judicial robusto, pero costoso y demorado, lo que limita su acceso para pequeñas y medianas empresas. Además, la judicialización excesiva implica:

• Congestión judicial tributaria,
• Riesgos de incertidumbre normativa (fallos contradictorios),
• Costos elevados para el Estado y los contribuyentes.

Desde mi experiencia, el camino ideal para lograr justicia tributaria no es llevar todos los casos a lo contencioso, sino fortalecer el diálogo técnico y jurídico en sede gubernativa, mediante:

• Protocolos de interpretación uniforme,
• Paneles técnicos interdisciplinarios,
• Transparencia activa de criterios y fallos administrativos,
• Auditorías jurídicas de las actuaciones de fiscalización.

Dimensión internacional: cooperación, precios de transferencia y fiscalización global

La fiscalización de operaciones internacionales —incluidos los precios de transferencia, BEPS, residencia fiscal, ganancias de fuente extranjera— exige capacidades que van más allá de la norma interna. Requiere:

• Intercambio automático de información (CRS y FATCA),
• Convenios de doble imposición,
• Participación en foros internacionales,
• Formación continua de fiscalizadores en derecho tributario comparado y finanzas globales.

En este sentido, la DIAN ha dado pasos positivos, pero aún limitados. Colombia debe consolidar su estrategia de fiscalización internacional con apoyo de la OCDE y organismos multilaterales.

Hoy más que nunca, la justicia tributaria en Colombia depende no solo de la calidad de las normas, sino de la capacidad del Estado para interpretarlas, aplicarlas y defenderlas con rigor técnico y sentido de equidad. La DIAN tiene un mandato constitucional, pero también una responsabilidad ética: evitar arbitrariedades, promover certidumbre, y construir confianza en el sistema.

La sede gubernativa debe ser el primer escenario de justicia real, no solo un paso previo al litigio. Y la vía contenciosa debe consolidar doctrina, no corregir fallas sistemáticas de interpretación administrativa.

Como país, debemos pasar de una administración tributaria reactiva a una gestión pública dialogante, previsiva y garantista.

Contáctanos - [email protected]