El IVA en el Proyecto de Ley 477 de 2026

1. Delimitación normativa del estudio

Este estudio revisa el documento de análisis tributario atribuido a Pedro Enrique Sarmiento Pérez y el texto de proyecto aportado, que contiene 106 artículos y se denomina “Ley de Rescate Económico”. Las disposiciones proyectadas no se presumen aprobadas.[1]

Se distinguen: (i) el contenido literal del texto aportado; (ii) sus efectos jurídicos posibles, sujetos a aprobación y a su articulación con el ordenamiento; y (iii) los riesgos y recomendaciones del autor. Las fuentes históricas examinadas ilustran la evolución del Estatuto Tributario, pero no sustituyen su versión consolidada vigente al corte. Antes de cuantificar cambios, debe cotejarse cada disposición actual con sus modificaciones, decisiones constitucionales, clasificación arancelaria, operación y regímenes especiales. Las referencias temporales del proyecto son propuestas, no fechas de vigencia confirmadas.

2. Mapa de las disposiciones del proyecto con incidencia en IVA

Para esta comparación, el artículo 41 proyecta reglas sobre juegos de suerte y azar; los artículos 43 y 44 tratan principalmente de responsables y bases en derivados del petróleo. El artículo 27 aborda el IVA sobre licores y su cesión; el 106 reúne las derogatorias expresas.[2]

3. Modificación de la estructura material del IVA

3.1. Bienes excluidos: sustitución del artículo 424 del ET

El artículo 42 propone sustituir el artículo 424 del Estatuto Tributario desde 2028. La omisión de un bien en ese nuevo catálogo no demuestra, por sí sola, que toda venta o importación cause el 19 %: debe comprobarse el hecho generador, la descripción y posición arancelarias, otras exclusiones o exenciones y el régimen especial aplicable. La matriz identifica riesgos y contenidos del proyecto; la columna de situación previa requiere cotejo con el texto consolidado a la fecha aplicable.[3]

En el sector agropecuario deben separarse el impuesto facturado, el impuesto descontable y el costo económico definitivo. Si el adquirente es responsable, la compra cumple los requisitos y se destina a operaciones gravadas o exentas, el IVA soportado puede ser descontable; en operaciones mixtas procede revisar su imputación y, cuando corresponda, el prorrateo. El IVA atribuible exclusivamente a operaciones excluidas, por regla general, no es descontable, sin perjuicio de previsiones especiales. Debe evaluarse la capacidad de facturación, contabilidad y financiación de pequeños productores, sin presumir que todos carecen de infraestructura ni que la totalidad del impuesto se convierte en costo.[4]

3.2. Fin de la tarifa diferencial del 5 %

El artículo 106.4.b propone derogar íntegramente los artículos 468-1 y 468-3 del Estatuto Tributario desde el 1.º de enero de 2028, con derogatorias anticipadas de algunas partidas. Café tostado, azúcar, chocolate, determinados aceites, alimentos animales, maquinaria y servicios agrícolas son categorías que ameritan comparación individual. Solo cuando una operación efectivamente gravada al 5 % bajo la legislación aplicable quede gravada al 19 %, sin otra exclusión, exención o tarifa especial, puede afirmarse esa transición. Algunos bienes se incluyen expresamente en el catálogo propuesto de excluidos o exentos.[5]

El incremento nominal del 5 % al 19 % equivale a catorce puntos porcentuales. Si el precio antes de IVA permanece constante, el desembolso total para el consumidor sube aproximadamente 13,33 % respecto del precio previo con IVA (1,19 / 1,05 − 1), no 14 %. Esto es una simulación aritmética; precios y márgenes pueden ajustarse de otra manera por efecto de la demanda y de la competencia.

3.3. Servicios excluidos: artículo 476

El artículo 45 propone sustituir desde 2028 el catálogo de servicios excluidos. El texto proyectado conserva exclusiones específicas para servicios de salud, educación, transporte, servicios públicos y arrendamiento de vivienda, y contempla los planes complementarios y seguros de salud que describe. Los tratamientos del internet residencial, telefonía, cine, eventos, actividades agropecuarias, pesca, publicidad y deporte deben compararse con la versión consolidada aplicable y otras normas especiales. La omisión de una descripción no basta para establecer una tarifa o su fecha de cambio.

El artículo 106.4.a identifica los numerales 20 y 21 del artículo 476 para derogación inmediata, mientras el artículo 45 propone, desde 2028, nuevos numerales con descripciones de operaciones cambiarias y comisiones por tarjetas. La Ley 1819 de 2016 incluyó servicios digitales en numerales del artículo 476; su numeración y texto vigentes al corte requieren verificación. Se recomienda individualizar la disposición vigente objeto de derogación y su secuencia temporal para evitar ambigüedad, sin anticipar que la derogación recaerá sobre el catálogo futuro.[6]

3.4. Bienes exentos: artículo 477

El artículo 46 propone una enumeración de bienes exentos del IVA a tarifa cero. Entre los que describe están determinadas carnes, pescados, leche, huevos, preparaciones infantiles, productos farmacéuticos, salchichón, butifarra y mortadela. La exención se distingue de la exclusión porque, en las condiciones legales, permite descontar IVA imputable y, a quienes estén legitimados, solicitar compensación o devolución. La exención del bien no habilita automáticamente a todos sus intermediarios ni hace inmediatamente reembolsable cualquier saldo.[7]

El arroz exige depuración expresa: el texto del artículo 42 menciona la partida 10.06 como excluida para consumo humano, mientras el artículo 46 la recoge como exenta, con salvedades sobre arroz paddy y para siembra. Esta superposición afecta el derecho a descontables y la devolución; no puede solucionarse por simple inferencia en una guía de cumplimiento.[8]

Productos de gestión menstrual. El artículo 46 menciona en la partida 96.19 “Compresas y toallas higiénicas”, pero no nombra expresamente tampones, copas ni otros productos similares. La Corte incluyó los tampones entre los productos exentos en C-117 de 2018 y condicionó la exención para comprender copas menstruales y similares en C-102 de 2021. Se recomienda incorporar una redacción expresa y compatible con ambas decisiones y verificar la clasificación arancelaria y sus efectos: la omisión de palabras no prueba por sí sola la pérdida de la exención ni permite desconocer las sentencias.[9]

4. EfectIVA: devolución focalizada sin alterar el impuesto causado

Los artículos 38 a 40 proponen desde 2028 una devolución monetaria individual para personas residentes en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, de acuerdo con los instrumentos de focalización y las condiciones del texto. El IVA se causa según el régimen de la operación y, como regla del mecanismo, se reintegra posteriormente la proporción que corresponda; se prevé un mínimo para pobreza extrema. EfectIVA no es una exención automática en la factura ni la devolución ordinaria de saldos a favor del artículo 850 del Estatuto Tributario.[10]

La liquidación y el pago se proyectan por períodos de hasta quince días calendario para abonos en producto de depósito; quienes no tengan ese producto recibirían giros en efectivo mensuales o bimestrales. El límite mensual sería hasta 5,5 UVT por persona, con determinación anual y la actualización prevista en el artículo 38. Para pobreza extrema se prevé un mínimo: se reconocerá el mayor entre ese monto y la liquidación ordinaria, sin sumarlos ni exceder el límite aplicable. La DIAN determinaría el IVA pagado y el DPS reconocería, liquidaría y pagaría la devolución.[11]

El parágrafo 4 del artículo 40 habilita, previa evaluación de viabilidad técnica, operativa y jurídica, un eventual no cobro en el punto de venta; no es obligatorio desde 2028. El texto prevé un giro anticipado a más tardar el 20 de diciembre de 2027, un piloto y transición desde la compensación existente. Para los hogares cubiertos establece continuidad, ausencia de duplicación y que la suma de los reconocimientos individuales no sea inferior a la compensación previamente recibida, en los términos transitorios propuestos.[12]

Riesgo distributivo y operativo. La sustitución de tratamientos sobre productos por una devolución al consumidor exige probar cobertura efectiva, identificación y registro, conectividad, oportunidad del pago y capacidad de compra previa. Deben especificarse mecanismos de corrección, defensa y reclamación, protección de datos y cobertura en canales informales o sin conexión. La existencia normativa del mecanismo no demuestra que compense de manera efectiva la carga sobre el mínimo vital.

El IVA reintegrado no podría utilizarse también como impuesto descontable, costo, gasto, descuento tributario ni mayor valor fiscal de un activo. El texto contempla ajustes por notas crédito, operaciones inexistentes y compras atribuidas indebidamente; impone nuevos deberes tecnológicos con sanciones relacionadas con el artículo 652-1 del ET.

5. Matriz integral de derogatorias con incidencia en IVA

El artículo 106 diferencia derogatorias expresas que se producirían al entrar en vigor la eventual ley y otras diferidas al 1.º de enero de 2028. La matriz siguiente reproduce su alcance legal por grupos, con una evaluación de sus efectos. No comprende las derogatorias de renta y otras materias sin relación directa con IVA.

5.1. Derogatorias inmediatas: artículo 106, numeral 4, literal a)

se presenta el efecto jurídico potencial de cada derogatoria. La regla concreta de operación dependerá del conjunto normativo vigente y del texto que llegue a aprobarse.

5.2. Derogatorias desde el 1.º de enero de 2028: artículo 106, numeral 4, literal b)

5.3. Derogatorias complementarias con incidencia instrumental

El artículo 106.3 propone derogar el parágrafo 2 del artículo 616-1 y los parágrafos 1 y 2 del artículo 617 del Estatuto Tributario, entre otros apartes, en conexión con las reglas de facturación y sanción proyectadas en los artículos 88 a 93. El numeral 7 también identifica apartes del artículo 512-2 sobre impuesto nacional al consumo. La descripción y el efecto de cada apartado en su versión consolidada deben verificarse; ninguna de estas menciones elimina por sí misma el IVA.[13]

El proyecto propone derogar el artículo 33 de la Ley 1816 de 2016 y el numeral 2 del artículo 468-1 del Estatuto Tributario. El análisis de sus efectos exige cotejar la normativa consolidada y armonizarlo con el artículo 27 proyectado, que grava determinadas bebidas a la tarifa general y prevé una cesión de recaudo neto a los departamentos para el aseguramiento en salud. El IVA nacional cedido no debe confundirse con los impuestos al consumo territoriales ni con las rentas del monopolio.

6. Sectores donde las modificaciones producen efectos particulares

6.1. Alimentos, insumos y servicios agropecuarios

El texto propuesto reduce algunas listas de exclusiones y cambia tratamientos de productos y servicios que pueden intervenir en la cadena alimentaria y agropecuaria. No se afirma que todas las semillas, abonos, insumos fitosanitarios, máquinas o servicios de campo queden gravados: la conclusión depende del cotejo individual. Conviene estudiar por separado el efecto en el consumidor final, el productor de bienes exentos o excluidos y el prestador de servicios agrícolas, con estimaciones de flujo de caja y costo neto tras descuentos autorizados.

Ejemplo aritmético condicionado: si una compra de insumos con precio neto de $10.000.000 deja de estar excluida y pasa efectivamente a ser una operación gravada al 19 %, el IVA facturado sería $1.900.000, suponiendo constante el precio neto. Para un responsable con derecho pleno a descuento, esa suma puede ser crédito fiscal y generar una necesidad transitoria de caja; sin derecho, puede integrar el costo o gasto, según las reglas aplicables.

6.2. Internet, servicios digitales y turismo

El artículo 106.4.a propone derogar el literal h del artículo 481 y el literal d sobre ciertos servicios turísticos. La Ley 1819 de 2016 describía en el primero la exención de internet fijo residencial para estratos 1 y 2; es indispensable comprobar su texto vigente y si otra exclusión, exención o norma especial cubre esas operaciones. Por ello no puede concluirse que los estratos 1 y 2 pasen automáticamente al 19 %, ni que exista una asimetría efectiva respecto del estrato 3 hasta verificar el artículo 476 aplicable. La pérdida de exención y el eventual paso a exclusión alteran también la posibilidad de descontar IVA soportado.[14]

6.3. Combustibles y movilidad eléctrica

Los artículos 43 y 44 proponen cambios de responsables y bases en derivados del petróleo; el 106 identifica la derogación del artículo 465 y de partidas del artículo 468-1. El artículo 43 se proyecta desde 2028, mientras el 44 no contiene una fecha general expresa y reserva para 2028 la base del distribuidor minorista. Para ACPM se propone excluir el ingreso al productor y la venta minorista en los términos descritos. Debe armonizarse la secuencia entre artículos 42 a 44 y 106. La partida 87.12 de la Ley 1819 de 2016 también incluía bicicletas sin motor de hasta 50 UVT, además de eléctricas; el alcance actual y las normas especiales deben cotejarse antes de asignar una tarifa.[15]

6.4. Licores, vinos y aperitivos

El artículo 27 del texto propone gravar a la tarifa general los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares y los sujetos a participación por monopolio de licores destilados. También plantea ceder el recaudo neto del IVA a los departamentos para el aseguramiento en salud. Los artículos 28 a 37 regulan materias territoriales que deben estudiarse separadamente. No es correcto sumar porcentajes sin determinar bases, hechos generadores, descuentos, distribución de competencias y régimen aplicable.[16]

La derogación propuesta del artículo 33 de la Ley 1816 de 2016 requiere contrastar el régimen de cesión vigente con el nuevo artículo 27. Debe precisarse la transición presupuestal, la determinación y giro del recaudo neto y sus efectos sobre el aseguramiento en salud. La protección constitucional de las rentas propias territoriales y el diseño del monopolio deben examinarse según su naturaleza, sin tratar el IVA nacional cedido como si fuera automáticamente un tributo territorial propio.

6.5. Juegos de suerte y azar e IVA

El artículo 41 propone reglas de IVA para juegos de suerte y azar, incluidos los operados exclusivamente por internet. En estos últimos define la base como depósito dividido por 1,19: si el depósito es $119 y la tarifa aplicable es 19 %, la base sería $100 y el IVA $19, equivalente a depósito × 19/119, no a 19 % del depósito íntegro. La disposición menciona la apuesta como momento de causación y usa el depósito como referente de base; es necesario aclarar su coordinación, los depósitos no apostados, retiros y ajustes. No se afirma que el texto configure por sí mismo una doble imposición.[17]

7. Impactos contables y administrativos

Los responsables afectados deberán revisar facturación electrónica, causación, inventarios, contratos, saldos a favor y separación contable entre operaciones gravadas, exentas y excluidas. El derecho al descuento depende del nexo y los requisitos materiales y formales establecidos en el Estatuto Tributario. En compras destinadas indistintamente a operaciones mixtas, debe evaluarse el artículo 490 y su prorrateo cuando no sea posible la imputación directa. Un saldo a favor no es siempre inmediatamente reembolsable: deben verificarse legitimación, procedimiento y plazos aplicables.[18]

Facturación y debido proceso. El artículo 91 proyecta una sanción por no facturar calculada a partir de criterios alternativos, y el artículo 92 establece que en la discusión posterior no se podrán aducir explicaciones distintas de las consignadas en el acta. Debe evaluarse la proporcionalidad del resultado según actividad y capacidad económica, y reformularse la restricción para asegurar oportunidad real de defensa, contradicción, presentación de pruebas y recursos, conforme al artículo 29 constitucional. Se trata de riesgos del texto, no de una declaratoria judicial de invalidez.[19]

La transición exige identificar el momento del hecho generador, la versión normativa aplicable y el efecto sobre anticipos, inventarios, operaciones a crédito, notas crédito y contratos de tracto sucesivo. Los artículos 338 y 363 constitucionales obligan a analizar legalidad, período e irretroactividad según la estructura concreta del tributo; no puede afirmarse de manera indiscriminada que toda modificación del IVA empieza necesariamente el año siguiente. La solución depende del texto finalmente aprobado y de las reglas constitucionales y legales aplicables.[20]

8. Juicio constitucional y evaluación distributiva

El diseño propuesto debe examinarse a la luz de los artículos 13, 29, 95.9, 150.12, 338 y 363 de la Constitución. La Corte Constitucional reconoce al Congreso un amplio margen de configuración tributaria, limitado por igualdad, equidad, progresividad sistémica, razonabilidad y mínimo vital. Las sentencias estudiadas controlaron disposiciones y contextos distintos: no decidieron la constitucionalidad del texto aportado. Su utilidad consiste en identificar parámetros para un examen futuro, no en anticipar un fallo.

La evaluación constitucional y económica exige establecer quién soporta la carga, si los bienes son insustituibles, su peso en el gasto de los hogares y el efecto real sobre precios. También debe contrastar la pérdida de tratamientos con el monto, oportunidad, cobertura y accesibilidad efectivos de EfectIVA, incluidos el anticipo y las reglas de transición. Una compensación focalizada es una alternativa de política; su existencia formal no acredita, sin prueba, suficiencia ni cumplimiento del mínimo vital.

La comparación debe incorporar diferencias entre hogares con igual capacidad económica que compran en canales formales o informales, personas sin conectividad o sin producto de depósito y compradores cuya factura no refleja adecuadamente la identidad o el pago. La protección de datos y la posibilidad real de corregir información y controvertir decisiones son condiciones para valorar la efectividad y proporcionalidad del mecanismo.

C-776 de 2003: mínimo vital y ampliación indiscriminada. La Corte declaró inexequible el artículo 116 de la Ley 788 de 2002 en un contexto de gravamen generalizado, insuficiente deliberación y falta de evidencia de compensación. Explicó que respecto de personas sin lo básico para subsistir no se puede “equiparar automáticamente capacidad para adquirir bienes y servicios, con capacidad contributiva”. Aplicación: una reforma que amplíe la base debe justificar los bienes afectados y medir su incidencia real en hogares vulnerables; el fallo no prohíbe gravar todo alimento ni decide sobre este proyecto.[21]

C-100 de 2014: progresividad sistémica y canasta suficiente. Al declarar exequible el artículo 48 de la Ley 1607 de 2012 por el cargo examinado, la Corte valoró la existencia de una canasta suficiente de bienes exentos o excluidos y las circunstancias del régimen estudiado. Sobre los impuestos indirectos precisó: “no pueden desconocer el mínimo vital”. Aplicación: comparar la canasta disponible y sus sustitutos antes y después del cambio, el impacto por grupos de ingreso y la razonabilidad de las medidas. El resultado de 2014 no constituye una aprobación anticipada de una nueva lista.[22]

C-592 de 2019: aceites y margarinas. La Corte declaró exequible, por los cargos estudiados, el artículo 477 del Estatuto Tributario frente a la alegada omisión de esos bienes en la lista de exentos. Señaló que “no existe una obligación constitucional de exonerar los bienes que consume masivamente la población”, pero añadió la necesidad de una política orientada a enfrentar la regresividad en esas hipótesis. Aplicación: la sola pertenencia de un producto a la canasta no determina su exención; tampoco autoriza a prescindir de la evaluación de capacidad contributiva, sustitución y medidas efectivas de protección.[23]

C-117 de 2018: igualdad material e higiene menstrual. La Corte declaró inexequible el gravamen del 5 % para toallas higiénicas y tampones e incluyó esos productos en los exentos. Indicó que “las toallas higiénicas y tampones son actualmente bienes insustituibles para las mujeres en edad fértil”, en el contexto probatorio de 2018. La decisión identificó efectos desproporcionados sobre mujeres de menores ingresos. Aplicación: la mención incompleta de la partida 96.19 en el artículo 46 propuesto exige claridad expresa y observancia de la decisión, sin concluir que el proyecto fue juzgado ni que todo tratamiento diferencial sea inconstitucional.[24]

C-102 de 2021: copas y productos similares. La Corte declaró exequible de manera condicionada la disposición relativa a la partida 96.19, “en el entendido que la exención tributaria incluye también a las copas menstruales y productos similares”. Consideró la función equivalente de esas tecnologías y la afectación diferenciada de personas menstruantes de escasos recursos. Aplicación: al sustituir la lista del artículo 477 debe preservarse expresamente el alcance fijado por la Corte, con revisión de clasificación y de la eficacia de la sentencia; la omisión literal no permite presumir la desaparición de la exención.[25]

C-1149 de 2003: devolución, compensación e imputación. Al examinar las reglas de los artículos 815 y 850 entonces acusadas, la Corte describió tres mecanismos distintos y definió: “La devolución es el desembolso, por parte del Estado y a favor del responsable, de los valores equivalentes al saldo a favor”. Declaró exequibles las expresiones acusadas en el contexto analizado. Aplicación: el descuento de IVA en la declaración no debe confundirse con la devolución inmediata; EfectIVA es un mecanismo personal diferente. Las condiciones de 2003 no sustituyen el texto legal vigente sobre legitimación y plazos.[26]

C-382 de 2020: transferencias y protección de datos. La Corte declaró exequible el Decreto Legislativo 812 de 2020 sobre registro social y plataforma de transferencias. Al describir el régimen de entonces sostuvo que “la compensación a favor de la población más vulnerable en el sistema del impuesto sobre las ventas (IVA) es una transferencia no condicionada de dinero a las familias más vulnerables de Colombia”. Aplicación: ese antecedente ayuda a distinguir la compensación por hogar de EfectIVA individual y a examinar el tratamiento de datos, pero no demuestra la eficacia ni declara la constitucionalidad del mecanismo proyectado.[27]

9. Aspectos técnicos que convendría corregir en el trámite

•  Eliminar la clasificación simultánea del arroz para consumo humano como excluido (art. 424 propuesto) y exento (art. 477 propuesto), aclarando expresamente el tratamiento del arroz paddy y de siembra.

•  Precisar qué versión de los numerales 20 y 21 del artículo 476 se deroga: la vigente al promulgarse, y no la nueva numeración de 2028 que contiene materias diferentes.

•  Verificar si internet fijo de estratos 1 y 2 y 3 conserva otra exclusión o régimen especial antes de atribuir un cambio de tarifa o una asimetría; explicar el efecto de una eventual transición entre exención y exclusión.

•  Cotejar las partidas derogadas y sus descripciones, incluida la 87.12 y las bicicletas sin motor, con los regímenes especiales y el texto consolidado, antes de atribuir un cambio de tarifa.

•  Definir con claridad el tránsito entre el IVA del 5 % de licores, su cesión a departamentos y las nuevas fuentes y destinaciones asociadas a impuestos territoriales.

•  Construir un régimen detallado de transición para servicios contratados, inventarios, operaciones a crédito, devoluciones y cambios de tarifa que evite la aplicación de reglas superpuestas.

•  Publicar estimaciones desagregadas del efecto neto de la reforma sobre la canasta de consumo, la producción agropecuaria, los hogares de distintos ingresos y la cobertura efectiva de EfectIVA.

•  Aclarar que la exención de la partida 96.19 comprende toallas, tampones, copas menstruales y productos similares en armonía con las sentencias C-117 de 2018 y C-102 de 2021, y verificar su clasificación y la eficacia de los fallos.

•  Revisar la proporcionalidad de las sanciones por no facturar y garantizar que el acta de verificación no impida aportar pruebas, formular explicaciones posteriores o controvertir la imputación.

•  Definir una línea base, costo fiscal y cobertura efectiva de EfectIVA por grupo de ingresos, así como auditoría de pagos, procedimientos de reclamación y medidas para personas sin conectividad.

Fuentes jurídicas y documentales

1. Texto aportado denominado “Ley de Rescate Económico”, identificado en este documento como Proyecto de Ley 477 de 2026, artículos 27, 38 a 46, 88 a 93 y 106, páginas impresas 241 a 257 y 333 a 334. Radicación, fecha, autenticidad y estado legislativo por verificar.

2. Constitución Política de Colombia, artículos 13, 29, 43, 95.9, 150.12, 338 y 363. Estatuto Tributario, Decreto 624 de 1989, artículos 420, 424, 428, 444, 465, 467, 468, 468-1, 468-3, 476, 477, 481, 485, 488, 490, 815 y 850: confirmar texto consolidado y reformas al corte.

3. Ley 1819 de 2016, artículos 173, 175, 181, 183 a 185 y 187 a 189: textos históricos consultados, sujetos a reformas posteriores y decisiones de constitucionalidad. Ley 2010 de 2019, artículo 21, compensación del IVA: texto histórico consultado.

4. Corte Constitucional, sentencias C-776 de 2003, 9 de septiembre de 2003, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-1149 de 2003, 2 de diciembre de 2003, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; y C-100 de 2014, 26 de febrero de 2014, M. P. María Victoria Calle Correa.

5. Corte Constitucional, sentencias C-117 de 2018, 14 de noviembre de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado; C-592 de 2019, 5 de diciembre de 2019, M. P. Alberto Rojas Ríos; C-382 de 2020, 2 de septiembre de 2020, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y C-102 de 2021, 21 de abril de 2021, M. P. José Fernando Reyes Cuartas.

6. Documento de análisis aportado: “El IVA en el Proyecto de Ley 477 de 2026”, autoría y análisis de Pedro Enrique Sarmiento Pérez, corte 1.º de noviembre de 2026. La exposición de motivos y la ficha oficial mencionadas en la versión inicial no se verificaron y no se presentan como fuentes examinadas.

Nota de alcance: este documento es un análisis de trabajo del texto suministrado. No certifica radicación, vigencia, constitucionalidad, tarifa concreta ni efectos fiscales agregados. Antes de su circulación formal o uso para cumplimiento deben verificarse el estado oficial del proyecto, las versiones normativas consolidadas, las partidas, las operaciones y las estimaciones económicas.