Durante el transcurso del año 2024, los colombianos hemos presenciado diversos debates sobre la reforma del sistema de salud y su posterior estancamiento en la comisión séptima del Congreso. A esto se suma la intervención en varias EPS, incluyendo a gigantes como Nueva EPS y Sanitas, así como la preocupante noticia de la posible liquidación de Compensar, lo que afectaría a aproximadamente la mitad de la población del país según el último censo.
Estas intervenciones se basan principalmente en la incapacidad de las EPS para cumplir con sus indicadores financieros y técnicos, lo que incluye la constitución de reservas técnicas. La falta de recursos líquidos y las deudas pendientes del Gobierno agravan aún más la situación.
Las razones detrás de estas intervenciones son claras:
Los objetivos de estas intervenciones son asegurar la prestación de servicios de salud, proteger los derechos de los usuarios y mejorar la calidad de la atención. Sin embargo, el camino hacia la recuperación plena de estas EPS es incierto, y se plantea la pregunta de cómo se resolverán los problemas financieros subyacentes.
Las consecuencias de esta crisis se reflejan en una mayor incertidumbre en el sector salud, tanto para los usuarios como para los profesionales y prestadores de servicios. La falta de claridad en cuanto a soluciones concretas podría llevar a despidos masivos y cierres de empresas en el sector que no logran sobrevivir ante la falta de giro de recursos, lo que afectaría gravemente la capacidad del sistema de salud para funcionar adecuadamente.
Es crucial que el Gobierno priorice este tema y busque soluciones urgentes para evitar un colapso aún mayor. La propuesta del Presidente de llevar a cabo sesión permanente de trabajo de 100 horas con las EPS es un primer paso, pero se necesita un compromiso continuo hasta que se resuelvan los problemas de fondo y se implementen medidas efectivas para mitigar los impactos negativos que ya se están sintiendo.