El Real Decreto 214/2025, en vigor desde el 12 de junio, establece la obligación de calcular la huella de carbono y elaborar planes de reducción de emisiones de GEI para las organizaciones incluidas en la Ley 11/2018, además de extender su aplicación a la Administración General del Estado. Con esta medida, España refuerza su compromiso con los objetivos climáticos europeos y la transición hacia una economía baja en carbono.