Hacia un gobierno inteligente

Los desarrollos tecnológicos aceleran el grado de madurez de la Administración y abarcan cada vez más ámbitos de la vida pública y privada. Esto, a su vez, incrementa su potencial para mejorar el bienestar de las personas y la rentabilidad de las empresas. El sector público tiene ante esta situación dos retos que afrontar: el primero y más importante, definir la utilidad y alcance de los progresos en la tecnología. Esto es, definir un marco de desarrollo y aplicación que garantice que los avances tecnológicos persigan el bien común y cumplan con los valores que guían nuestra sociedad. El segundo reto consiste en asimilar esos desarrollos a nivel interno, por una parte, y en hacer uso de las nuevas posibilidades y herramientas para ampliar su esfera de influencia y mejorar su eficacia, por otra.

En este sentido, las agencias tecnológicas se presentan como los organismos que pueden articular el marco concreto en el que debe trabajar el sector privado con respecto al uso de la tecnología. En el marco de la transformación digital, las agencias pueden acercar el funcionamiento del sector público a las particularidades del sector privado y la sociedad civil, favoreciendo el aprovechamiento bidireccional de las oportunidades que supone este proceso, tanto para desarrollar unos servicios públicos efectivos (eficaces y eficientes) como para generar nuevos negocios o soluciones.

La transformación digital del sector público requiere de la colaboración como pilar fundamental para su éxito. Esta colaboración abarca todos los niveles del sector público, pero también otros actores relevantes, como la ciudadanía y las empresas. Esta transformación puede beneficiarse enormemente de la colaboración con la Administración General del Estado y con otras administraciones autonómicas y locales. Sin embargo, la propia naturaleza del sector público y la complejidad del proceso de transformación digital y de la forma de articular la colaboración, hace que ésta requiera de muchos recursos, inversión y seguimiento continuo. Resultaría conveniente, por tanto, definir modelos de gobernanza más ágiles y adaptados, que contribuyan a una colaboración útil y efectiva. Con ella, no solo se acelerará y profundizará el proceso de cambio, sino que permitirá también acercar los intereses de las distintas administraciones y actores, aun cuando puedan ser distintos de partida (por ejemplo, combinando el ánimo de lucro empresarial con el interés público o la búsqueda por la innovación con los marcos legales y éticos).

Del mismo modo, se identifica un importante potencial de desarrollo del sector público por medio del uso y la explotación del conocimiento y los datos generados y gobernados por él. En este sentido, se plantea ir más allá de un nuevo modelo de servicios públicos proactivos y personalizados. La tecnología debe servir para desarrollar políticas públicas. Es decir, los datos obtenidos y debidamente explotados deben incorporarse en los procesos de toma de decisiones de los poderes públicos en la elaboración de políticas más eficaces y eficientes. Este cambio en la manera de gobernar implica modificaciones radicales en nuestras instituciones y requiere de una estrategia integral, transparente y colaborativa para acometerse con éxito en todos los niveles de la administración y los territorios.

La importancia de que las CCAA desarrollen estrategias sectoriales escalables en el ámbito de la digitalización y la seguridad radica en la necesidad de establecer nuevos modelos y marcos de gobernanza ascendente y descendente (“bottom up” y “top down”). Este marco de trabajo proporcionará una base sólida para definir nuevas agendas, estrategias y enfoques digitales. A nivel puro de gobernanza, estos modelos permiten crear estructuras de gobierno coherentes y eficientes en los niveles más altos de la administración. Con respecto a la digitalización, promueven la consistencia y la interoperabilidad entre los distintos territorios y administraciones. Asimismo, y de manera transversal, facilitan la colaboración y la compartición de mejores prácticas en el ámbito de la transformación digital a nivel autonómico, nacional e internacional. El objetivo de los nuevos modelos es impulsar una base común en materia de digitalización, de manera que las CCAA puedan optimizar recursos, al tiempo que promueven nuevos modelos de trabajo. Estas buenas prácticas podrán ser asimiladas e incorporadas por las entidades locales y la Administración General del Estado, de acuerdo con su contexto y necesidades, lo que contribuirá a un desarrollo más productivo, coherente y sostenible de los gobiernos inteligentes.